Hace pocos días se hizo público el plan de emergencia de infraestructura del presidente D. Trump que incluye 50 proyectos prioritarios. El plan tiene un coste de casi 140 Bi$ y estima crear unos 25.000 empleos por año, por cada uno de los 10 años que prevé de ejecución. El plan incluye alguna sorpresa positiva como la inclusión de casi 18 Bi$ en proyectos de energía renovable. También incluyen alguna pista importante de cara al futuro como la previsión de que el sector privado participe hasta en un 50% de los proyectos.
Pero el plan de emergencia anunciado no es suficiente para satisfacer las necesidades de la primera economía del mundo, que paradójicamente ha visto como el estado de sus infraestructuras se ha deteriorado significativamente. La falta de infraestructuras modernas en áreas como el transporte se considera una traba importante para la política de reindustrialización que defiende su presidente. La ‘American Society of Civil Engineers’ (ASCE) estima en su estudio de 2016 que los costes para la economía americana del déficit en infraestructura alcanzan los 7 trillones de $ en ventas y los 2,5 millones de puestos de trabajo perdidos. ASCE calcula también la inversión necesaria para poner al día la infraestructura, 1,1 trillones de dólares, cifra casi exacta al compromiso que Trump asumió en la carrera presidencial.
La principal duda es como piensa Trump financiar un plan tan ambicioso, sin aumentar aún más la deuda, si al mismo tiempo propone reducciones de impuestos. La respuesta llega en forma de incentivos para que el sector privado asuma buena parte de los proyectos. Se ha rumoreado la posibilidad de aplicar deducciones de impuestos a las empresas que inviertan en proyectos de infraestructura, o la aplicación temporal de una amnistía fiscal a la repatriación de beneficios en el extranjero. Esta última medida, en principio impopular, podría hacerse más digerible si se vinculase a la primera, de forma que solo pudiese aplicarse la tributación reducida si una parte de los fondos se reinvirtiesen en infraestructura. Nada hay concreto aún pero ya ha habido empresas mostrando su desacuerdo a que el gobierno condicione sus decisiones de inversión.
Pero la solución del problema puede llegar de Wall Street. La buena marcha de los mercados financieros y en especial del 'Private Equity', con cifras record de captación, han hecho poner el foco en nuevas clases de activos, especialmente los fondos de infraestructura. En estados unidos, a diferencia de Canadá o Australia, el peso del segmento infraestructura en los balances de las principales gestoras es residual. El exceso de liquidez actual empuja a buscar nuevos proyectos donde invertir, pero la incertidumbre a medio plazo obliga a equilibrar el riesgo de las carteras. Los activos inmobiliarios han cumplido la función de balancear el riesgo y han ofrecido excelentes rentabilidades los últimos años, pero las buenas oportunidades ya no abundan. Los proyectos de infraestructura, respaldados por activos reales y con ingresos recurrentes se empiezan a ver como una alternativa a un sector inmobiliario sobrevalorado.
El peso de los fondos de infraestructura en la cartera de las gestoras a nivel mundial es tambien bajo, rondando el 5% del total de activos bajo gestión alternativa. Por lo que el margen para incrementar el peso relativo de este segmento en el portfolio es muy significativo. Además, de los 375 Bi$ de capital invertido en fondos de infraestructura solo el 32% está invertido en Norteamérica, frente al 45% en Europa, por lo que también existe margen para una mayor exposición a la geografía.
La tendencia es clara, todas las grandes gestoras de fondos han dado pasos para invertir en infraestructura o han anunciado la intención de hacerlo en breve. Brookfield, gestora canadiense con dilatada experiencia en proyectos de infraestructura, completó a mediados del año pasado un fondo de 14Bi$, el mayor fondo de infraestructura realizado hasta la fecha. Pero tuvo que ceder pronto el pódium, cuando el mes pasado Global Infrastructure Partners, gestora con sede en Nueva York, superó la cifra record levantando un fondo de 15,8 Bi$ para infraestructura. Aunque todo puede quedar pronto eclipsado de confirmarse las intenciones de Blackstone, la mayor gestora del mundo, que en declaraciones de la semana pasada expresó su intención de captar 40Bi$ para invertir en infraestructura en los próximos 10 años.
De confirmarse los planes de Blackstone, asistiremos al tercer record de captación consecutivo en tan solo un año. Este repentino fervor por los fondos de infraestructura demuestra que por un lado los LP’s tienen interés por esta clase de activos y por otro que existe una clara expectativa de que el mercado ofrezca oportunidades de inversión en cantidad y calidad. Conviene aquí recordar que el presidente de Blackstone, preside a su vez el ‘Foro presidencial de política y estrategia’, un órgano creado con la participación de 16 empresarios destacados para asesorar a Trump sobre la creación de empleo y el crecimiento económico.
Así que pocas dudas caben ya, habrá plan de infraestructura y habrá dinero para financiarlo. Sobre el papel resulta un escenario perfecto, donde todos ganan, el gobierno financia su plan de infraestructura, el sector financiero consigue activos donde invertir con riesgo moderado y la industria americana se beneficia de un importante estímulo para el empleo y la economía. El modelo de colaboración público-privada no es nada nuevo, ya se ha mostrado exitoso en otras geografías. La novedad en este caso va a venir marcada por el creciente protagonismo de los gestores financieros frente a las tradicionales empresas de perfil industrial. Hay chicos nuevos en el barrio y se van a hacer notar. El modelo tradicional de gestión basado en resultados a corto plazo, puede no encajar bien con proyectos cuya principal característica es el largo plazo. Una política de alianzas estratégicas con las empresas de cada sector, puede ayudar a equilibrar los diferentes puntos de vista y modelos de gestión.
El nuevo escenario presentará también un reto en el interior de las propias gestoras. Los proyectos de infraestructura comportan retos específicos, como los temas regulatorios o la gestión de los stakeholders, que requieren de habilidades directivas muy diferentes de las habituales en el mundo 'private equity'.Como siempre la calidad de los equipos marcará la diferencia. En la medida que la infraestructura gane peso en las carteras de las gestoras, la capacidad de incorporar perfiles con las habilidades específicas del sector, o realizar alianzas estratégicas, marcará la diferencia entre el éxito o el fracaso.
